INVESTIGACION DE LOS CAMBIOS PRODUCIDOS EN EL EMPLEO PUBLICO A PARTIR DE LA REFORMA NEOLIBERAL DEL ESTADO

"En el Día del Trabajador reeditamos una vieja investigación de este sitio web, donde se demuestra que los logros -alcanzados por el peronismo- en favor de la clase trabajadora, décadas después son pisoteados por el mismísimo peronismo..." 

Rubén Luis Castejón

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(REEDICION)

LAS TRANSFORMACIONES DEL EMPLEO PUBLICO A PARTIR DE LAS REFORMAS IMPUESTAS POR EL PARADIGMA NEOCLASICO
I.- INTRODUCCIÓN:Si bien nuestro Estado, siempre desarrollo su actividad administrativa dentro del sistema burocrático-capitalista, es indudable que con el advenimiento del paradigma neoclásico hubo cambios que repercutieron, de manera directa, sobre la estructura estatal y su sistema funcional.
Por mi parte considero que, para hablar de reforma especifica del Estado se debe pensar en algo mas que la mera adecuación de modernización técnica, sin embargo, y a pesar de mantenerse el sistema burocrático-capitalista, es claro que la nueva concepción paradigmática del Estado va mas allá de adecuaciones tecnológicas e impacta, por su envergadura, en profundos cambios en la estructura y funciones del Estatales.
En este contexto, este trabajo analiza puntualmente las incidencias que este paradigma generó en el ROL DEL ESTADO y como consecuencia directa de esto en el EMPLEO PUBLICO. A fin de graficar el desarrollo del presente estudio, se hará foco analítico en el SECTOR DE RECURSOS HUMANOS de Municipalidad de San Miguel.
El disparador de esta propuesta de estudio, surge de diversos estudios de Oscar Oszlak, entre ellos: “EL MITO DEL ESTADO MINIMO”, donde el autor da sus argumentos al respecto del empleo publico y afirma, muy por el contrario a lo que se sostiene en general, que en realidad el empleo del sector publico se amplio en la década de los 90, debido a los traspasos de actividades del Estado Nacional a las provincias y/o municipios. Por lo tanto la minización que ha sufrido el ESTADO EMPLEADOR es solo aparente, ya que en realidad -según Oszlak- a la disminución de empleo Nacional, le corresponde una ampliación de personal de los otros dos niveles estatales que supera en numero al achicamiento del sector en el nivel central.
A mi humilde entender, la cuestión del empleo publico no debe ser estudiada solo cuantitativamente; por lo tanto, el presente trabajo de investigación tiene por objeto analizar las cuestiones cualitativas del empleo publico, a partir de los cambios impuestos por el neoliberalismo.

II.- DESARROLLO:

II.a.- EL ROL DEL ESTADO SEGÚN LA LOGICA NEOCLÁSICA: De manera introductoria de este apartado es posible afirmar, que la Globalización neoliberal y el mercado pretenden a toda costa y a todo costo, minimizar el papel del ESTADO en la sociedad y presentan a este, como portador de la ineficiencia a gran escala.
El rol del Estado debió ser redefinido y adaptado a las exigencias del mercado, conforme a las recomendaciones de los Organismos Internacionales. El territorio es un sistema de relaciones donde el Estado no es el único actor que participa en la decisión sino que existen otros actores que participan decisionalmente. Así aparece la categoría de governance como el conjunto de entramados de intereses que produce las normas que definen la autoridad política.
El proceso de privatización de los 90, hace que el Estado pierda activos, funciones y capacidad de control. Esta merma de capacidades lo aleja de las regulaciones de precios y costos de producción, pero también disminuye la capacidad Estatal para incidir en la economía.
Es los 90, el Estado acciona promercado, la exclusión social es enfrentada con políticas sociales compensadoras del daño generado, políticas asistencialistas y focalizadas como “mera barrera” de contención social, pero sin tomar ninguna medida de fondo tendiente a la integración de los excluidos, para asegurar de esta manera “cierta gobernabilidad”. Esta es la funcionalidad que el sistema neocapitalista le otorga al Estado en procura de estabilidad macroeconómica.
En lo estrictamente laboral, el paradigma neoclásico, eje central e ideológico de la globalización, considera a la fuerza del trabajo como un componente depreciado de la producción de bienes y servicios. Por lo tanto al hablar de empleo publico, es conveniente analizar los aspectos cualitativos que venían de la mano de la nueva concepción, dado que una investigación solo cuantitativa nos puede dar resultados alejados -por completo- de la realidad del sector.
Siguiendo a Acuña y Repetto, podemos afirmar que, un Estado que era espacio central de conquista en una compleja lucha política desde los inicios mismos de la segunda posguerra, pasó a ser considerado el obstaculizador de cualquier posibilidad de crecimiento, y culpable de las cíclicas crisis económicas que vivía la economía del país; estas ideas, del Estado ineficiente, fueron plasmadas en la práctica en las políticas conocidas como de ajuste; este cambio de paradigma trajo como consecuencia un desplazamiento de las fronteras entre Estado y Sociedad, fronteras que aún hoy continúan redefiniéndose.
.Desde este nuevo paradigma es necesario que el Estado restrinja su campo de intervención a lo que se denominan sus funciones básicas: salud, educación, justicia, seguridad y dejar en manos del mercado el resto de las actividades, argumentándose que el mercado, a través de su libre competencia, lograra equilibrar los desajustes sociales producidos por el accionar del “elefantitico Estado”.
La concepción de reformular al Estado a imagen y semejanza del mercado ha modificado las cuestiones estructurales y funciones Estatales, en sus tres niveles. Esto a pesar que la lógica para determinar la eficiencia en el mercado, es absolutamente diferente a la lógica que debe aplicarse para evaluar los resultados de la gestión Estatal.
La implementación de estas teorías economisistas, solo han procurado cubrir las necesidades del erario público, donde las variables de ajuste han girado en torno a los sectores mas desprotegidos, a consecuencia de esto la brecha social alcanzo dimensiones gigantescas; por lo tanto, el resultado de las políticas de achicamiento Estatal, fue -de hecho- generador de mayores desigualdades sociales.
Lo hasta aquí dicho, se debe a que el Estado de los 90 acompaño los movimientos del mercado con medidas procíclicas, es decir la acción Estatal fue “promercado”, por lo tanto afirmar que “el Estado mínimo es un Mito” es al menos, a mi entender, una afirmación absolutamente parcializada surgida de datos estadísticos tomados aisladamente que no llegan a dar un análisis completo del complejo proceso neoliberal; sostener que lejos de achicarse el Estado de los 90 crecio, es una irrealidad, o al menos una conclusión apresurada tomando algunas variables “sueltas” que no contemplan las dificultades que encierran los indicadores del sector público.
A raíz de lo antedicho es necesario establecer que las medidas anticíclicas son aquellas que el Estado implementa contra el movimiento de los mercados, por ejemplo: Para activar la economía en periodos de recesión. De aquí se desprende la necesidad que el gasto público social de Argentina, pase a ser anticíclico, por lo cual los fondos para cubrir dichas medidas deben destinarse a proteger a la sociedad de las fluctuaciones en el ingreso como consecuencia de las recesiones. Para alcanzar este objetivo, es ineludible redefinir el rol del Estado en la estructura socioeconómica de nuestro país. La premisa del “ESTADO MINIMO” era achicar en el máximo posible los componentes del gasto público, así: se debian reducir los gastos sociales, los de funcionamiento de la administración publica y los correspondientes a actividad económica; como contracara había que aumentar el importe del gasto asignado al pago de la deuda publica externa. El Estado Nacional, fue relegando fronteras de acción, de aquí la minimización del rol del Estado en la actividad económica y a su capacidad de generador de empleo.
Volviendo a la cuestión del problema distributivo del ingreso, es posible afirmar que el mismo abarca a toda la región, ya que en toda América Latina el contraste entre las elites y los desamparados es gigantesca. La brecha, que separa a los integrantes de la punta de la pirámide de la base es impresionante. En Argentina, pese al extraordinario crecimiento económico, la distribución del ingreso ha mejorado muy poco. En nuestro país las políticas liberales de los 90 han producido el empeoramiento en la distribución de la riqueza.La crisis de 2001 depositó a la Argentina en el mismo rango que Brasil en la categoría de desigualdad (brecha de 57 veces). Otra era la distribución en nuestro país anteriormente, ya que en 1974 registraba una brecha de ingresos de 12 veces (manteniendo índices similares durante toda la década del setenta y hasta principios del ochenta).El desafío actual pasa por detectar si con un tipo de cambio alto reubica al país en la senda de relativa equidad que lo distinguió en la región. En estos años se ha demostrado que la estrategia del dólar alto fue útil para salir con celeridad del pozo y regresar de pésimos a malísimos indicadores de reparto de la riqueza. Sin embargo no ha revelado por el momento, en cambio, cualidad para alterar con intensidad la matriz distributiva.Por vía del derrame de crecimiento no se alterará el patrón distributivo y tampoco focalizando la tarea exclusivamente en el gasto social, como propone el Banco Mundial

II.b.- DIMENSION DEL SECTOR PUBLICO: De conformidad al pensamiento de Evans, quien le asigna una capacidad relevante al Estado en el desarrollo económico, es posible dar argumentos en contrario de la logica neoclásica, ya que el problema de nuestra burocracia no seria su exceso sino su escasez.
Es necesario reiterar que en nuestro país, en los 90, la ortodoxia liberal concebía que el Estado debía limitar sus funciones a cuestiones a lo meramente administrativas de funciones indelegables y dejar las cuestiones económicas como tema exclusivo del mercado. La precariedad, flexibilidad laboral y el empleo en negro en Argentina han sido consecuencia de ese pensamiento ortodoxo y esto ha configurado una sociedad desigual, con responsabilidad tanto del Estado como del sector empresario. Por consiguiente el rol del Estado en la economía y el comportamiento del sector empresario son las cuestiones que de ahora en más deberán estar en debate, a fin de achicar -como se expresaba en el apartado precedente- la brecha distributiva. En nuestro país, es de destacar que con posterioridad a la crisis de 2001/2002 se le asigna en espacio relevante a la capacidad del Estado.
En un conocido trabajo, Sikkink plantea la relación entre capacidades estatales y la construcción de la burocracia pública una relación directa entre los recursos humanos del sector público y el aumento de las capacidades del estado para generar determinadas políticas. Esto se trae a colación, pues se ha lanzado a la profesionalización y modernización de su carrera administrativa a la par de los procesos más amplios de reforma del Estado, sin tener ni siquiera consolidada una burocracia tradicional en términos weberianos.
Por supuesto que la Argentina ha tenido enormes cantidades de empleados públicos pero ni su reclutamiento, ni su ascenso, ni sus salarios, ni su carrera se han regido por las formas tradicionales de la burocracia. Así, la discontinuidad democrática, los conflictos derivados del juego del poder, la resistencia generada por la vieja cultura organizacional, el crítico contexto económico, la debilidad institucional a consecuencia de las rupturas gubernamentales, son entre otros, factores que han imposibilitado consolidar -en nuestro país- una verdadera burocracia cuyos recursos humanos permitan elevar las capacidades del Estado. En concordancia con lo dicho hasta el momento, Andrea López y Norberto Séller, sostienen que “...los distintos gobiernos -desde 1983 hasta 2001- han utilizado en forma abusiva ese recurso, convirtiendo al fenómeno de la "modernización" en una suerte de "fetiche" para ocultar el objetivo básico de debilitamiento de aquellas áreas del aparato burocrático tradicionalmente canalizadoras de los intereses públicos colectivos (como salud, educación, ciencia y tecnología, etc”.
En este sentido, los principios y técnicas del denominado New Public Management -Nueva Gestión Pública- se presentaron como un conjunto de iniciativas aplicables a todo tipo de organizaciones y caracterizadas por su "neutralidad política". Sin embargo, este modelo resulta ser la reedición del clásico enfoque neoconservador que destaca las capacidades y bondades del mercado para resolver los dilemas básicos del orden social, junto al reiterado rechazo de ampliar la dimensión del espacio Estatal; esto a su vez justifica la “minimización” del Estado, a partir de las privatizaciones, la introducción de mecanismos de mercado y la reducción de personal publico. Pero -reiterando- dichas medidas, no han resultado beneficiosas para la mayoría de la sociedad, ya que respondieron a los intereses de las elites, que se escudaba detrás de la "eficiencia de gestión Estatal" para mantener sus privilegios.
En la Argentina, las reformas de la Administración no escaparon a esta lógica. Así, la estrategia "racionalizadora" destinada a reducir el tamaño y las deficiencias del "Estado-como-burocracia" se sobrepuso a cualquier intento transformador con objetivos de profesionalización y capacitación de los cuerpos administrativos y a los de preservación de los intereses públicos en el aparato de Estado. En cambio, primaron las políticas indiscriminadas de “achicamiento Estatal”, de supresión de organismos y de recorte de personal, al mismo momento se promovía un "cambio cultural" en los agentes públicos para aumentar la calidad de los servicios y acercarlos a los "clientes-ciudadanos".
El pilar fundamental del New Public Management (NPM) radica en su concepción del Estado como una empresa a la que es posible convertir adoptando nuevas tecnologías, incorporando a decisores con experiencia en el sector privado y tratando a los ciudadanos como clientes o consumidores. Debido a esto, para muchos estudiosos de lo publico, el NPM limita al ciudadano solo al rol de consumidor. La "soberanía del consumidor" implicó desmantelar la noción de ciudadano en tanto portador igualitario de derechos exigibles, para sustituirla por otra que privilegia a quien tiene capacidad de consumo.
Sintetizando, La retirada del Estado redundó, así, en el acotamiento de los márgenes de "lo público" en beneficio de la esfera privada, haciendo uso del discurso "modernizador" para encubrir el propósito expropiador encarnado en las políticas públicas hegemónicas de estas últimas décadas
II.c.- LAS REFORMAS ADMINISTRATIVAS A PARTIR DE LA RECUPERACION DEL SISTEMA DEMOCRATICO: Es necesario realizar en este momento una breve reseña historica de lo acontecido, en cuanto a la administración publica y al empleo Estatal, a partir de la recuperación democratica de 1983, donde -muy por el contrario a lo esperado el Estado- achica sus froneras de accion y se esfuma la posibilidad de consolidar una burocracia tradicional, para dar sustento a lo dicho solo basta recordar que:
a) Durante el gobierno de Alfonsin, luego de la caída del plan económico y del faraónico traslado de la capital al sur, cobraron predominio las políticas de reducción de las plantas de personal, suprimiendo las vacantes no cubiertas en las estructuras vigentes a diciembre de 1986 y de retiro voluntario; donde es notorio el éxodo del Estado del personal más calificado que, por otra parte, luego de llevarse importantes indemnizaciones, volvieron a ser recontratados en diferentes jurisdicciones de la Administración Pública.
b) A partir del primer gobierno de Menem y bajo el amparo de la caótica situación económica de nuestro país, se realizaron amplias reformas estructurales sin precedentes en el Estado argentino, que venia -desde 1987- soportando con una amplia campaña de desprestigio activada desde los medios de comunicación, los grupos empresarios, los organismos internacionales de crédito y el núcleo de técnicos y consultoras que tuvieron a su cargo el "rediseño" del Estado. Las leyes fundamentales para llevar adelante esta transformación fueron la de "Reforma del Estado" (23.696/89) y la de "Emergencia Económica" (23.697/89). La primera, pieza clave para la implementación del programa de privatizaciones de las empresas públicas y la segunda dedicaba un capítulo especial al empleo en la Administración Pública Nacional, prohibiendo efectuar contrataciones o designaciones de personal. El ajuste del gasto público fue, claramente, el vector central que marcó el rumbo del "Programa de Reforma Administrativa", articulado, principalmente, sobre las siguientes medidas: jubilaciones de oficio y anticipadas, retiros voluntarios, reducción de las plantas transitorias, congelamiento de vacantes, disolución y reestructuración de organismos y unidades organizativas, racionalización de estructuras; privatización de servicios de mantenimiento, limpieza, liquidación de haberes, entre otros, y transferencia de empleados a provincias y municipios. Con estas medidas el conjunto de los recursos humanos a cargo del Estado Nacional se redujo en un 57%, como producto de las privatizaciones, del cierre de diversos organismos y de la descentralización de servicios. Durante este periodo se establece un nuevo sistema escalafónario de personal, el denominado SINAPA.
c) En el segundo gobierno de Menem, con el auspicio del Banco Mundial comenzó a pergeñarse la "Segunda Reforma del Estado", a este fin la ley 24.629/96 de la Segunda Reforma del Estado, estableciéndose nuevos ajustes del personal de la Administración "
d) En el gobierno de De La Rua, no estuvieron ausentes las medidas de achique de la planta Estatal, al efecto se redujo los salarios de la Administración Pública en un 13% y propuso el cierre de un conjunto de organismos.
Estas políticas implementadas, dan como resultado la precarización y flexibilización del empleo publico, la ambigüedad del termino “flexibilización” me obliga a precisar que el mismo se refiere a achicamiento de ingreso y de derechos y no a su amplitud.
El producto directo de estos ajustes fue que el personal de planta tendió a disminuir, por las distintas modalidades de retiro (jubilaciones anticipadas, Ley de Disponibilidad, retiros voluntarios y privatizaciones, transferencias a otras jurisdicciones, cierres de organismos, entre otros factores, todo esto con la combinadas con el congelamiento de vacantes. Mientras tanto y como contracara los contratos por tiempo determinado comenzaron a crecer y sustituyeron en forma parcial a los cargos permanentes El nuevo sistema de empleo, recurrió a maneras de contratación muchas veces reñido con la legislación laboral. A lo largo de todo el periodo de recuperación democrática, ya sea a través de las leyes impulsadas por el Congreso o mediante decretos del Poder Ejecutivo, adquirió preeminencia la expulsión indiscriminada de personal y los recortes de funciones y áreas sustantivas del Estado.
En materia de empleo público, da por tierra la recurrente prédica neoliberal asociada a sobredimensionamiento de los planteles del personal de la Administración. En efecto, el crecimiento del empleo publico no acompaño al crecimiento poblacional, por lo tanto se redujo el porcentual de empleados públicos con relación a la población existente. Esta tendencia hacia la disminución porcentual del empleo Estatal se observa claramente a partir del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” impuesto por la dictadura militar de partir del año 1976. Posteriormente y como resultado del descenso de los planteles del Estado Nacional, las provincias y los municipios debieron absorber gran parte de los empleados de la jurisdicción central y sumaron otra importante cantidad de agentes, destinados a cubrir las nuevas funciones asumidas por estos niveles en materia de políticas sociales.
Entre otras cuestiones, las políticas de reforma y ajuste del empleo público han impactado directamente en el funcionamiento del mercado de trabajo nacional. Si bien el tema no es motivo de este estudio, es necesario mencionar que la reducción de los planteles del Estado se constituyó en un factor de presión negativo sobre la cantidad y calidad de los empleos. La caída del empleo asalariado y el aumento del cuentapropismo que se observan desde la década del 70, junto con la desocupación y subocupación de los 90, responden al funcionamiento de la economía y a la reducción de la participación del empleo público en relación con el crecimiento vegetativo de la población.

II.d.- EL CRECIMIENTO DEL EMPLEO PROVINCIAL: Hemos mencionado, en el apartado anterior, que como resultado del descenso de los planteles del Estado Nacional, las provincias debieron absorber gran parte de los empleados de la jurisdicción central y sumaron otra importante cantidad de agentes, destinados a cubrir las nuevas funciones asumidas. Sin embargo y según un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba, este crecimiento fue solo cuantitativo. El estudio mencionado determina que entre 1999 y 2004 la precarización del trabajo en el área de salud provincial aumentó nueve veces y media y, aunque el presupuesto destinado a personal se redujo casi un dos por ciento, el sector público sumó dos mil nuevos agentes contratados. Según Stella Regis, codirectora del estudio junto a Jorge Ahumada, “El análisis del empleo público adquirió relevancia en los '70 y '80, cuando el Estado era el principal empleador. Si bien el auge declinó, su examen resulta valioso porque el Estado sigue siendo el organizador de la sociedad y todavía existe un espacio, el de las subjetividades de los propios agentes y la forma en que construyen sus identidades, que demanda un profundo análisis".
Por otra parte, en su momento la mayoría de las provincias diseñaron un amplio menú de opciones para achicar la planta permanente de empleados y posibilitar un esquema flexible de contratación de personal. Así, el número de contratados fue creciendo a medida que decrecían los empleados de planta.
Volviendo al estudio de la UNC, entre otras conclusiones se afirma que “el Estado (en el caso de estudio Provincia de Córdoba) prefiere empleados no sindicalizados y que se comporten como trabajadores de una empresa, y allí también juega la lógica de disciplinamiento, que permite modificar las condiciones laborales a través de la precarización y la flexibilización. Esto es posible debido al desplazamiento de las luchas entre empleados y empleadores desde el reclamo por mejoras saláriales a la mera posibilidad de obtener un trabajo”, la investigación concluye: "La desocupación como amenaza ha relegado a un segundo plano el problema de la precarización, que aparece como un mal menor".
Por lo dicho en este apartado, el supuesto crecimiento del empleo publico -a nivel provincial-, solo puede ser considerado en términos cuantitativos, por el contrario, no puede afirmarse lo mismo en lo que se refiere a la calidad del empleo, ya que -conforme a los resultados de la investigación de la UNC- el aumento de nueve veces y media de precarización del sector publico de salud cordobesa habla por si solo y me exime de mayores comentarios.
II. e. LAS CAPACIDADES MUNICIPALES Y SUS RECURSOS HUMANOS: La disminución de las acciones por parte del Estado Nacional, ha modificado -sustancialmente- aquella tradicional forma de hacer política publica del centro a las periferias, por lo tanto es necesario reformular el rol de los municipios dado estas nuevas realidades políticas y sociales.
Diversidad de estudios, encuentros y experiencias gubernamentales, sostienen que: los gobiernos locales no han desempeñado el papel que les corresponde debido a su debilidad institucional, la carencia de recursos económicos, la fragilidad de sus estructuras administrativas, y la ausencia de recursos humanos profesionales y suficientemente capacitados para la función gubernamental. Debido a lo dicho, el desafió de los gobiernos locales pasa hoy por sobrepasar la condición estructural de precariedad que los identifica, para ponerse frente a esta creciente tendencia que las políticas se descentralizaran y su verticalidad variara definitivamente de abajo hacia arriba, dejando -a partir de ese entonces- los municipios ser considerándoos instancias prácticamente minusválidas para la función gubernamental.
Esta corriente de pensamiento a través de las últimas décadas, ha venido acumulando cada vez más evidencia para sustentar sus planteamientos y ha venido adquiriendo de igual forma mayor visibilidad en el entorno político y en la opinión pública. Los gobiernos locales para cumplir su rol de manera efectiva deben ser fuertes, autónomos, emprendedores y ágiles en la promoción y captación de la inversión pública y privada.
Sin embargo, si bien hoy en día casi nadie cuestiona la necesidad de fortalecer las instancias locales de gobierno, pocos son los consensos y poca la claridad de propuestas respecto a las estrategias para la reforma municipal.
El debate de la reforma municipal debe tener como fin avanzar hacia un nivel de discusión más concreto, dado que la necesidad de una reforma estructural de los municipios parte de la realidad político y social.
El debate de reforma municipal debe girar en torno al nuevo juego de roles intergubernamentales, así cuestiones como: Autonomia , Fortalecimiento Institucional, Recursos y Capacidades, no pueden escapar de la agenda de tratamiento.
Los municipios, por su parte, deberían anticiparse al debate y ponerse a trabajar en los sistemas de profesionalización y capacitación de sus recursos humanos, dado que en este punto especifico la brecha que los separa de los gobiernos provinciales y nacional es inmensa.
Para finalizar este trabajo de investigación –conforme a lo expresado en la introducción del presente-, se hará foco analítico en el sector de Recursos Humanos de la Municipalidad de San Miguel. Previo a esto es necesario destacar que la investigación del área corresponde al mes de diciembre del año 2007, momento en que personalmente realice un estudio del sector, encomendado por el actual Intendente Comunal.
La municipalidad de San Miguel, surge en el año 1995 -junto a las municipalidades de José C. Paz y Malvinas Argentinas- a consecuencia de la división de la antigua municipalidad de General Sarmiento, La desaparecida comuna contaba con una planta permanente levemente superior a los 1.000 agentes de planta, que al momento de la división se incorporaron a l.
Ahora bien retomando el informe de los recursos humanos del municipio de San Miguel, del mes de diciembre del año 2007, es de destacar que de dicha tarea de recolección de datos, surge que los recursos humanos de esta comuna esta integrada por tres tipos de relación de empleo:
Personal de Planta Permanente: Que en el periodo transcurrido desde la creación de la comuna (1995), hasta el momento del informe de referencia (2007) había incrementado su planta permanente en un 300% aproximadamente. A pesar del notable crecimiento de personal, no existe ningún mecanismo de selección objetivo, pareciendo que el acceso a la planta permanente queda librado al paternalismo y/o voluntarismo del intendente de turno. Por otro lado, otro dato llamativo y a la vez negativo, es la ausencia de mecanismos de capacitación administrativa del personal, esto ultimo dado a un sistema escalafonario basado en el principio de antigüedad como factor determinante de los ascensos de categoría con ausencia de todo incentivo de capacitación. La ausencia de modo de selección de personal y la baja capacitación del mismo, poco y nada tienen que ver con la burocracia weberiana.
Personal Político: Representan mas del 30% del total de los empleados municipales, a diferencia del personal de planta no tienen permanencia en el cargo, -sin embargo el entrecruzamiento de planillas de años anteriores- , me permite afirmar que son el principal “semillero” de ingreso a la planta permanente; hecho que muestra al municipio como una seudoburocracia, ya que lejos del pensamiento de Weber estaba la confusión de los componentes políticos y técnicos dentro del aparato estatal.
Personal Becario: De manera previa, es necesario recordar que el becario es aquella persona que, con supuestos fines de capacitación, realiza tareas en tiempo de contratación breve. Pero la realidad del municipio de San Miguel indica, que ni la capacitación es el fin ultimo de este tipo de contrataciones, ni que la contratación sea breve; el sistema de becas es una nueva modalidad de trabajo precario encubierta. Dado que el becario, no tiene ningún derecho de los reconocidos a una relación de empleo, así: no tiene derecho a vacaciones remuneradas, ni a aguinaldo, ni se le realizan aportes previsionales por su actividad laboral, tampoco goza del beneficio del salario familiar, ni percibe horas extras, ni ningun derecho de los universalmente reconocidos, todo esto indica que en realidad detrás de un Decreto de Beca se esconde un contrato de trabajo en relación de dependencia pero sin acceso del becario a los derechos del trabajador. En síntesis, la contratación de becarios es la máxima expresión de precarización laboral, al no generar relación jurídica ni laboral alguna. De la investigación realizada en la municipalidad de San Miguel, surge que los becarios alcanzan el 20% del total del personal publico de la comuna de San Miguel. La totalidad de los becarios son designados en el área salud, área utilizada como “pantalla” del requisito de capacitación de este tipo de contrataciones. A pesar de lo dicho, los becarios realizan tareas en cualquier sector de la estructura municipal. Su designación es por Decreto del intendente y la duración de la beca es de un año (del 31 de diciembre de un año al 31 de diciembre del año siguiente), sin embargo los Decretos de designación se suceden año tras año, por lo tanto existe en el municipio estudiado personal becado desde hace 8 años, ahora cabe formularse esta pregunta: ¿Hace falta estar 8 años para capacitarse como atender un telefono, o como dar un turno? Sin dudas el sistema de becarios configura fraude a la Ley de Contratos de Trabajo (ley 20.744), conforme a lo previsto por el articulo 14 de dicho cuerpo normativo: “Será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación quedará regida por esta ley.” Sin perjuicio de la hasta aquí expuesto, al contrario como agravante de lo expresado, la mayoría de los becarios percibe ingresos muy por debajo de los mínimos establecidos. En este momento, debo aclarar por que digo que la mayoría y no todos los becarios perciben magros sueldos; y la respuesta es que este sistema -por su atipicidad- permite no solo simular la existencia de un empleo, sino tambien es el sistema ideal para designar personas que no cumplen ninguna funcion (ñoquis) solo que en este caso la remuneración es de altos ingresos. A fin que se tome real dimensión de lo antedicho, Los becarios de San Miguel se distribuyen en tres categorías (a, b y c) con ingresos que oscilaban -en diciembre de 2007- entre los $500 y $10.000 mensuales. Según relevamientos del Sindicato Municipal, solo la tercera parte de los becarios designados por el municipio presta servicios laborales.
En síntesis y reiterando el concepto ya vertido, al observar la composición de los recursos humanos del municipio de San Miguel, es absolutamente licito negar la existencia de una verdadera burocracia tradicional: la baja profesionalización y capacitación del personal, la confusión del sector político y técnico, el empleo marginal, la falta de “prestigio social” del agente, las medidas paternalistas o clientelares de los mecanismos de selección, entre otros factores, son indicadores claramente opuestos al diseño weberiano y subsumen a una condición de absoluta precariedad a la estructura municipal, que -a primera vista- no puede dar respuesta satisfactoria a los nuevos roles de acción de los gobiernos locales.

III. CONCLUSIÓN:Este trabajo ha intentado demostrar que, el crecimiento de empleo de la década de los 90 es solo aparente, inclusive desde lo meramente cuantitativo ya que se ha demostrado que el empleo publico a disminuido con relación al proporcional del crecimiento poblacional. A pesar de lo dicho estos son solo datos estadísticos que poco aportan al eje central de esta investigación.
Durante el desarrollo del presente, se ha hecho un recorrido critico a las políticas de exclusión interpuestas por la lógica neoliberal y como las elites han aumentado sus privilegios en detrimento del conjunto social. El empleo publico no fue la excepción del ajuste de los ortodoxos capitalistas, por lo tanto hablar de “crecimiento de empleo” es no menos que ilusorio, en tanto y en cuanto ha quedado demostrado que en los nefastos 90 la precarización del empleo fue uno de los objetivos perseguidos.
Con respecto a la realidad del empleo en la municipalidad de San Miguel, debo aclarar que los resultados obtenidos no son transferibles al resto de los municipios del país, dado que cada municipio debería ser particularmente estudiado; sin perjuicio de lo expuesto, y conforme a la bibliografía consultada, los gobiernos locales deben ir corrigiendo sus carencias tecnicoprofesionales a fin de estar a la altura de las circunstancas que conllevan la descentralización de las políticas publicas y la ampliación de sus fronteras de accion.

IV.- BIBLIOGRAFÍA:“La Administración Pública Nacional en la Argentina (1983-2001): el impacto de las reformas sobre su estructura y el personal” Andrea López y Norberto Séller
“Crónica de un fracaso anunciado: la Segunda Reforma del Estado" (1999), Bozzo, Lopez y Zapata, Centro de Investigaciones en Administración Pública, Facultad de Ciencias Económicas (UBA), Buenos Aires.
"El paradigma del cliente en la gestión pública" (1994): Richards,S., en Gestión y Análisis de Políticas Públicas, Nº 1, INAP, Madrid, septiembre/diciembre.
"Administración Pública en América Latina y el Caribe: en busca de un paradigma de Reforma" (1999): Sheperd, G.: editorial Losada.
“Organización del Estado y de la Administración Pública Nacional de la República Argentina” (1996): Zelller , N. (segunda versión), INAP, Buenos Aires.
“Capacidades Estatales y Régimen de Empleo Publico: El Caso Argentino, ¿Un antes y Un Después del SINAPA?:J. M. Abal Medina (h.) - F. P. Nejamkis

“Marco de Análisis de las Políticas Sociales” (2000), Acuña, C. y Repetto, F., CEDI, Buenos Aires.

“Las capacidades y la autonomía del estado en Brasil y Argentina. Un enfoque
neoinstitucionalista” (1993) Sikkink, K.,en Desarrollo Económico, Bs.As.
“EL MITO del Estado minimo” Oscar Oszlak.
“Quemar las naves” (1999) Oscar Oszlak: Trabajo presentado ante el IV Congreso internacional del CLAD.
“Reforma Democracia”: Revista del CLAD.
“Reforma de la Nueva Gestión Publica”: L. C. Bresser-Pereira.
“El síndrome de Pantaleón”: C. M. Vilas.
“Sociología de la Dominación: Dominación Burocrática” Capitulo: Max Weber
“Investigación sobre Precarizacion del Empleo Publico”, Estudio que abarca los periodos entre 1999 y 2004, realizado sobre el SECTOR SALUD, por la Universidad Nacional de Córdoba.
OTRAS FUENTES:
Leyes: 20.744, 23.512/87, 23.696/89, 23.697/89, 24.629/96, 24.185/93, 25.164/99, 25.401/01. 25.561/02
Decretos PEN: 3687/84, 2192/86, 2193/86, 435/90, 612/90, 1757/90, 2476/90, 993/91, 558/96, 660/96, 103/2001.
Decreto Intendente MSM: Designación y Nombramiento de Becarios.
Planillas de Personal: Municipalidad de San Miguel.
Entrevistas: Al Director General de Recursos Humanos de la Municipalidad de San Miguel, a Becarios de dicho Municipio y a Miembros del Sindicato Municipal.