FIRMA DE LA SOLICITADA: DE LA TORRE PAGARA EL MAYOR COSTO POLITICO

En la sesión, del pasado 15 de julio, del Concejo Deliberante de San Miguel, quedo claramente establecido que el legislativo municipal no cumple su función como control del cuerpo Ejecutivo.
Ese día, en el recinto deliberativo, se consideró a una evasiva carta del Intendente como un documento suficiente para cerrar la cuestión de aquella repudiable solicitada firmada por Joaquín De La Torre -en junio de 1989-, junto a Videla, Camps y Massera.
La explicación escrita -que de hecho fue, es y será insuficiente- a las gravísimas imputaciones al Jefe comunal, solo dejó en claro la dependencia del órgano Deliberativo respecto del órgano Ejecutivo.
La concepción mixta del gobierno y la idea de la división de poderes, fueron las ausencias más notorias en el “debate” del Concejo Deliberante.
La separación de poderes es un sistema jurídico de frenos y contrapesos, y nos da la idea de un equilibrio institucional; por consiguiente es un elemento principal del Estado de Derecho, por el contrario su ausencia o desvirtuación, derivara -invariablemente- en absolutismo, por concentración desbalanceada del poder.
Es evidente que sin un sistema de frenos y contrapesos y sin control se produce el desequilibrio de la ingeniería institucional, y que esto último conlleva el debilitamiento del sistema democrático, por escases de debate público y participación ciudadana; debate y participación deprimidos por los consensos de cúpulas -espurios y cortoplacistas-, donde las sombras de las sospechas de corrupción y compra de voluntades, están siempre presentes.
De esta forma, estamos frente a un vaciamiento de las instituciones, donde el municipio se ha convertido en la desgraciada relación entre un intendente con bolsillos de payaso, con un cuerpo deliberativo con voracidad económica y casi anulado en sus capacidades funcionales, relación que algunos pretenden llamar “gobernabilidad”. En este contexto, sin debates entre oficialistas y opositores, el rol del Deliberativo se torna ilusorio; incluso, hasta el extremo de desnaturalizar el principio de la representación de la voluntad popular. Tanto es así, que la falta de control entre las instituciones democráticas, hace aparecer el control social en el escenario político; dándole luz a numerosas irregularidades, de las cuales los organismos estatales guardan estricto silencio. Situación que -por sí sola- agiganta la brecha entre los representantes políticos y los ciudadanos representados.
Con lo hasta aquí dicho, es indudable que el Concejo Deliberante, subordinado al Departamento Ejecutivo, lleva adelante acciones de baja calidad legislativa; con el agravante que muchos Concejales vulneran el deber de fidelidad, que deberían guardar para con los electores que los han elegido, siguiendo sus propuestas de campaña.
Las explicaciones de Joaquín De La Torre, por reivindicar al genocida proceso de reorganización nacional, deberían haberse efectuado personalmente en el recinto Deliberativo.
La interpelación, es un instrumento de control al servicio de los Concejos Deliberantes frente a los Departamentos Ejecutivos municipales que procura efectivizar -junto con otras herramientas de control-, la maquinaria institucional de frenos y contrapesos entre poderes de gobierno.
Este informe presencial del Intendente es una de las formas de control de los legislativos locales y debería haber sido utilizada -en este caso- para permitirle al Jefe comunal que despeje las dudas sobre las graves cuestiones que se le enrostran.
La interpelación al intendente, se encuentra prevista en el artículo 108, inciso 7° de la Ley Orgánica de Municipalidades de la provincia de Buenos Aires, y no presupone una sanción al interpelado; esto ultimo se aclara por las disparatadas declaraciones de diversos funcionarios, en cuanto a presuntas maniobras destituyentes. Las explicaciones en recinto no deben ser confundidas con la conformación de una comisión investigadora (figura que prevé el artículo 249 de la misma ley). En la interpelación se puede generar una comisión investigadora, pero en este caso su formación requerirá de una mayoría calificada de los dos tercios del cuerpo; por otro lado, para crear una comisión investigadora no es necesaria la interpelación previa.
Posiblemente Joaquín De La Torre, haya pretendido minimizar el costo político al mandar una carta al recinto Deliberativo; sin embargo su explicación no presencial, acrecienta aquella idea que dice que el Intendente en realidad dio su apoyo a la dictadura militar.
Ahora bien, líneas arriba se ha dicho que ante la falta de contrapesos institucionales, surgen los controles sociales, y como estos últimos van acompañados de denuncias mediáticas, el costo político que deberá afrontar el Jefe comunal, será mucho mayor que el que imaginaba mientras escribía aquella escueta y absurda carta.
Es justo decir que la dependencia del Concejo Deliberante respecto del Departamento Ejecutivo y el debilitamiento institucional que esto genera, es una realidad que supera los límites de San Miguel. Por lo tanto es urgente y necesario abrir un amplio debate sobre la reforma municipal, incluyendo el tema de autonomía y porque no el de parlamentarización de los gobiernos locales.