Documento de debate y reflexión
Por Elías Aguirre*
Durante estos últimos días, hemos visto como nos hemos tenido que enfrentar a dos de nuestros mayores problemas: la educación y la seguridad. Sin embargo desde el poder político, y desde el análisis mediático, se los presenta como aspectos disociados de una realidad que cada vez más se naturaliza como inmodificable.
Las acciones -y reacciones- gubernamentales se producen impulsadas únicamente por las demandas sociales, que se agudizan frente a los hechos concretos que evidencian la crisis y la incapacidad de atender estos problemas. Así, el discurso políticamente correcto de lucha contra el delito “trabajando en sus causas sociales” pierde vigencia, y frente a ello, se improvisan medidas efectistas, oportunistas y hasta violentas, que más que evitar el delito, lo disuade, y lo traslada a otras zonas mucho más vulnerables.
El conflicto con los trabajadores de la educación, exhibe mucho más que la imposibilidad de asistencia de los chicos a las escuelas. Demuestra, desnuda, la realidad de un sistema educativo que carece de confianza, y de convicción real, para afrontar y resolver desde allí, muchos de los problemas que padecemos. Y ahí está la cuestión de la seguridad.
No existe la concepción ni el convencimiento, de que la educación es el “arma” para producir mayores niveles de justicia e igualdad social, mejores condiciones de dialogo, respeto y convivencia, en concreto, mejores condiciones de vida, que se trasladaran sin ninguna duda, en niveles bajísimos de violencia y delito.
En estos días, el debate instalado en la opinión pública desarrolla una tendencia deliberada en la búsqueda de “modelos de seguridad” en los cuales nuestro país, y en particular nuestra provincia, deberían reflejarse. No hay país en el mundo, que haya logrado niveles de conflictividad social bajos, índices de desarrollos humanos realmente envidiables, y condiciones socioeconómicas relativamente equitativas, que no haya priorizado realmente a la educación como eje vertebrador de toda la acción política estatal.
Y he aquí la contradicción. Es cierto, nuestro país, producto de la Ley de Financiamiento Educativo tomó la excelente decisión de destinar anualmente al menos el 6% del Producto Bruto Interno en educación. Cualquiera sostendría a priori que ello es indudablemente condición suficiente para lograr mejores resultados en los procesos de enseñanza y aprendizaje y por lo tanto, ello debería trasladarse a una de las jurisdicciones más importante de la Argentina, como lo es la provincia de Buenos Aires, donde reside poco más del 38% de la matricula nacional: 4.5 millones de estudiantes. Esto no es así.
La provincia de Buenos Aires, destina alrededor del 29.64% de su presupuesto total al área educativa, es decir, $53.359 millones de pesos aproximadamente. Asimismo, a través de modificaciones legislativas en la Ley de Presupuesto Nacional y en cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo, cada uno de sus municipios recibe una coparticipación que debería dedicarse exclusivamente a educación, la que anualizada alcanzaría los $ 1400 millones de pesos para el presente año.
Aún con todo ello, la labor educativa encuentra serias dificultades, que durante los últimos 10 años, no han podido ser definitivamente resueltas.
Así, la provincia de Buenos Aires esta 15° en el ranking de salarios iniciales docentes en comparación con las restantes provincias. Y está última, si sus salarios se comparan con los de las provincias de la Región Centro con sus respectivos costos de vida:
*Escala salarial 2014- Salario Inicial, maestro de grado sin antigüedad
El salario docente, está compuesto por un salario básico aproximado de $1800, sobre el que cabe recordar, se calculan los aportes previsionales y la antigüedad, y solo representa el 48% del salario: el 52% restante se compone de sumas no remunerativas, las cuales no son tenidas en cuentas en los futuros cálculos jubilatorios, y representan sencillamente, sumas “en negro”.
Por otro lado, el actual salario inicial de $3500, incluso se encuentra por debajo del salario mínimo vital y móvil, es decir, la remuneración mínima que en la Argentina se garantiza para todo trabajador registrado sea cual fuera la rama de la actividad económica en la que se desempeñe, que se encuentra en los $3600.
El salario docente antes mencionado representa la remuneración por estar 4 horas al frente de un aula, y otras 4 horas dedicadas a la programación de clases, su preparación, la corrección de pruebas y trabajos prácticos, el armado de actividades, etc.
Asimismo, la actual escala salarial inevitablemente obliga a cualquier trabajador docente a trabajar dos y hasta tres turnos, para reunir un salario total que permita resolver sus necesidades. Trabajando dos turnos, y en consecuencia reduciendo al mínimo el tiempo destinado a corregir, programar, etc, un trabajador docente alcanzaría los $7200.
Esta realidad, es reconocida por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que lejos de tomarlo como un dato revelador de la realidad educativa, lo trasmite como una de las ventajas que ofrece la tarea docente. Según la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), casi el 70% de los docentes trabaja en más de un turno, omitiendo que, según relevamientos del Frente Gremial Docente, la gran mayoría de los trabajadores realiza este esfuerzo recorriendo en promedio 8/9 escuelas semanalmente.
Además, la situación de los trabajadores docentes se ve altamente perjudicada por los permanentes e injustificados descuentes que se reciben, y la demora en meses y hasta años del pago de hora de clases, mayoritariamente aquellas desarrolladas supliendo a otros colegas, desalentando así, la rápida ocupación de las horas y cargos licenciadas. Según organizaciones gremiales como SUTEBA (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la PBA) se estima que a 30.000 docentes de la provincia de Buenos Aires se les adeuda más de 6 meses de salarios, es decir, a casi el 12% de los educadores bonaerenses.
Situación similar, padecen también los trabajadores no docentes de la educación, que recibirían- tras el acuerdo logrado únicamente con dos de los tres sindicatos que los representan- una suma que alcanzaría los $5000 de salario inicial. Comúnmente, se haría el ejercicio de compararlo con el salario de un trabajador docente, sin embargo, esta remuneración recibida es por realizar tareas durante 6 hs, con la imposibilidad de trabajar más de 1 turno.
Esta es sintéticamente, la situación salarial de los trabajadores de la educación, la que se enfrenta con la reciente propuesta de actualización salarial que realizó el Gobierno Provincial.
Se ha sostenido que la propuesta realizada era del 30.9%. Esto es falso. Se ha propuesto este aumento salarial solo para los Maestros de Grado, que sobre un universo de 270.000 docentes en la provincia, representan el 20%. Aún así, el aumento para este grupo de trabajadores tampoco alcanzaría ese porcentaje, ya que el mismo se pagaría en dos tramos: abril y agosto. De esta manera, el incremento alcanzaría solo alcanzaría el 20.9% anual.
La misma situación enfrentan el restante 80% de los trabajadores (profesores y preceptores) a los que se nos ha ofrecido el 21.9%, también en dos tramos, que anualizado totalizaría un 15.8% de incremento. En cualquiera de los casos, la propuesta no contempla la aplicación retroactiva de estos incrementos a los meses de enero, febrero y marzo, donde se ha perdido al menos –y en promedio- el 9% del salario real.
El análisis de la compleja y grave situación salarial de todos los trabajadores de la educación, evidencia el deterioro de las condiciones en el que se desarrolla la labor educativa, y la escasa importancia que se le asigna a la resolución particular de este conflicto.
El debate no es exclusivamente salarial, esto solamente es la punta de un iceberg. La tan ansiada “calidad educativa” se logra atendiendo una multiplicidad de aspectos, entre ellos las condiciones laborales de quienes tienen la responsabilidad primordial de educar.
Y aquí también cabe destacar, las dificultades permanentes en torno al mantenimiento de la infraestructura escolar, para lo que durante el ejercicio 2013 se destinaron $128 millones administrados por los organismos descentralizados de la DGCyE: los Consejos Escolares distritales, sobre los cuales no hay mecanismos de control y participación de la comunidad educativa.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Provincial de Gestión Descentralizada – Direccion de Fondos Descentralizados, Dirección General de Cultura y Educación de la PBA.
Paralelo a ello, todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, recibieron en conjunto $1127 millones de pesos aproximadamente, producto de las transferencias de recursos en cumplimiento de la Ley Nº 26.784 (Presupuesto Nacional 2013) y la Ley N° 26.075 (Ley de Financiamiento Educativo). La transferencia de recursos por este concepto a municipios, representa el 2° más importante, después de la coparticipación impositiva.
Allí cabe preguntarse ¿en donde han aplicado los fondos recibidos? Ya que la ley no les asigna ninguna responsabilidad política a los municipios en materia educativa. Se han observado utilizaciones discrecionales y arbitrarias, que incluso no han encontrado correlato con los objetivos educativos estipulados en la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Educación. Allí también está pendiente la posibilidad de control y participación en la asignación de recursos por parte de la sociedad.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Subsecretaria de Coordinacion Economica, Ministerio de Economía de la PBA.
La profunda crisis de infraestructura escolar se expresa de las formas mas irrizorias hasta ahora vistas. Tal es el caso de la EP N°26, del distrito de San Miguel, que tras reclamar durante años por las deteriodadas condiciones edilicias, durante el verano sufrio el desmoronamiento de parte de sus techos. Debido a ello, las autoridades educativas distritales dispusieron que la misma funcionará en la Sede del PJ de San Miguel.
En la tarea cotidiana, los trabajadores de la educación también se encuentran con situaciones para las cuales el Estado, ya sea provincial o nacional, demuestra incapacidad en la implementación de políticas activas que permitan hacer frente de forma concreta a las problemáticas habituales que enfrenta la escuela. Los Equipos de Orientación Escolar (EOE), denominados popularmente como “gabinetes”, se encuentran con mayor frecuencia, con estudiantes vinculados a situaciones de violencia familiar, consumo problemático de drogas, embarazo adolescente, familias en condiciones de pobreza e indigencia, precariedad laboral de sus padres, etc. Situaciones que tienen un impacto fundamental a la hora de garantizar la regularidad de la asistencia, y por otro, un desarrollo armonioso de los procesos de construcción colectiva y subjetiva del conocimiento.
Todo ello, es la respuesta de dolorosos índices como por ejemplo de terminalidad educativa, que indica que solo el 50% de los estudiantes finaliza sus estudios secundarios en los años previstos según la Fundación Educar 2050; o el último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denominado “Trabajo decente y Juventud en América Latina” que señala que el 18.4% de los jóvenes entre 15 y 24 años, no estudian ni trabajan; o bien, el difundido Informe Pisa (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) realizado por la OCDE, que nos ubica en el puesto 59 sobre 65 sistemas educativos relevados y que evalúa la calidad y las condiciones de aprendizaje de los estudiantes primarios y secundarios.
En el marco de las discusiones en torno a la imposibilidad de ofrecer mayor presupuesto al área educativa en la Provincia de Buenos Aires, sobreviene necesario instrumentar mayores y mejores canales de participación y control de la comunidad educativa, fundamentalmente en los organismos descentralizados, e incentivar fuertemente las modificaciones legislativas que por ejemplo, especifiquen la obligatoriedad de los municipios a destinar los recursos recibidos por el Fondo de Financiamiento Educativo a el mantenimiento de la infraestructura escolar, o bien, los mismos pasen a ser administrados por la administración central de cada provincia. De la misma manera, la reiterada necesidad de actualización del llamado “Fondo de Reparación Histórica del Conurbano”, es trascendental en pos de dotar de mayores recursos la decisión política
El estado de situación de la educación pública da cuenta de la inexistente determinación por hacer de la educación, la herramienta de transformación cultural que devenga en mejores condiciones integrales de vida, nos conduzca a una sociedad no violenta y con muchos mejores niveles de igualdad social, promoviendo una movilidad social ascendente.
Las condiciones de desarrollo de la tarea de enseñar y aprender exigen de una mirada holística y fundamentalmente, de la decisión política de adoptar fehacientemente ese camino: el del poder de las tizas.
*Docentes de escuela pública en nivel secundario
Dirigente del Partido Socialista de San Miguel
1 comentario:
EXCELENTE ARTICULO ESCRITO POR ELIAS , PERO LA REALIDAD NO HAY QUE OCULTARLA HAY QUE JUGARSE Y DECIRLO CON TODAS LAS PALABRAS Y SI ES POSIBLE CON VIDEOS Y GENTE QUE HABLE DE LO QUE PASA EN SAN MIGUEL . HACE MUCHOS AÑOS EN ESTE DISTRITO SE ESTAN ROBANDO LA PLATA EN EL CONSEJO ESCOLAR Y LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE TURNO . ESTA ADMINISTRACION NO ES LA EXENCION . POBRE COLEGIO PUBLICO DE SAN MIGUEL , LOS POLITICOS DEL MOMENTO DEBERIAN VER LA SITUACION DE LOS COLEGIOS Y SUS EXTRUCTURAS , QUIENES SON LOS QUE ARREGLAN LOS COLEGIOS , A QUIEN OBEDECEN , QUIENES SON LOS QUE FACTURAN LOS CONTRATOS , CUALES SON LOS MONTOS REALES QUE COBRA ESTA PERSONA, CUANTO SE QUEDA EL CONSEJERO O SU JEFE POLITICO . SON PEQUEÑAS COSAS QUE SERIA LINDO SACAR A LA LUZ . OTRA COSA EL COLEGIO QUE ESTA EN LA CALLE PRA JUNTA TIENE MAS DE 20 PORTEROS (AUXILIARES ) SI SACO LA CUENTA QUE CADA UNO DE ELLOS COBRAN MIIMO 3200 PESOS ME DARA UNA SUMA CONSIDERABLE COM PARA MEJORAR EL SUELDO DE 4 DOCENTES POR QUE EN REALIDAD TRABAJAN 4 PORTEROS SOLAMENTE . NADIE DENUNCIA ESTO , OTRO EJEMPLO EL JUANA MANSO Y EL NACIONAL TIENEN MAS DE 70 PORTEROS ......AHORA LA PRTEGUNTA ES LOS DOCENTES SABEN LO QUE PASA CON ESTE TEMA Y SE HACEN BIEN LOS BOLUDOS , POR QUE NO SE RECLAMA POR ESE LADO , SAQUEN LA CUENTA DE LA ESTAFA QUE HAY AL ESTADO . CAMINEN POLITICOS Y VEAN COMO ESTAN LOS COLEGIOS DE NUESTRO DISTRITO , PARECEN CARCELES PARA GENTE MENUDA ....VAYAN AL COLEGIO DE PRA JUNTA Y PERON Y DIGANME SI ESTOY EQUIVOCADO .....UNA VERGUENZA .
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