Las muestras de sangre de la polémica
Por una discutida decisión del juez Bergesio, los hijos de Ernestina Herrera de Noble se presentaron en el Cuerpo Médico Forense para dar sus muestras de sangre. Pretenden que sólo se cotejen los datos con las dos familias querellantes. Fuerte rechazo de Abuelas.
Por una discutida decisión del juez Bergesio, los hijos de Ernestina Herrera de Noble se presentaron en el Cuerpo Médico Forense para dar sus muestras de sangre. Pretenden que sólo se cotejen los datos con las dos familias querellantes. Fuerte rechazo de Abuelas.
La idea era ir temprano, por eso Felipe y Marcela Herrera Noble llegaron a las 6 al edificio del Cuerpo Médico Forense, en el Palacio de Tribunales. Desde 2003 y por orden de sus , los hijos adoptados de la dueña de Clarín condicionan su voluntad de dar una muestra de su sangre a que ésta sólo sea cruzada con dos de las familias querellantes, y que esto se haga por fuera del Banco de Datos Genéticos, porque sostienen que se trata de un simple caso de filiación. Su abogado, Jorge Anzorreguy, remarcó la voluntad de sus clientes de “terminar” con el proceso. “Estaban tranquilos, siempre lo estuvieron, hace cinco años y medio que esperaban esto”, dijo el letrado. Ayer quedó en evidencia que la Justicia les permitió accionar en la forma que pretendían y en oposición a la exigencia de las querellantes Abuelas de Plaza de Mayo, que consideran que se trata de una posible apropiación y sustitución de identidad de hijos de desaparecidos y, por lo tanto, de un delito de lesa humanidad.
En tal sentido, las Abuelas vienen insistiendo en que las muestras de Felipe y Marcela Noble tienen que ser cotejadas con las existentes en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) del Hospital Durand, como indica incluso una ley recientemente sancionada. Esa norma, 26.548, dispone que cuando se investiga si una persona es hija de desaparecidos los análisis genéticos deben efectuarse exclusivamente en esa institución porque es la única que cuenta con las muestras genéticas de las familias de los desaparecidos. Esto es, mientras los Noble quieren liquidar el tema cruzando esa información sólo con las dos familias que reclamaban inicialmente, los García-Gualdero y Miranda-Lanuscou, Abuelas necesita cotejar con todas las familias que están buscando. “La única medida lógica para determinar si Felipe y Marcela son hijos de desaparecidos es cotejar con todos”, enfatizó Mariano Gaitán, abogado de Abuelas.
Al salir de Tribunales, Anzorreguy aseguró que el juez federal Conrado Bergesio “cumplió” y que lo ordenado ayer “fue ratificado por todas las instancias judiciales, incluida la Corte Suprema”. El letrado agregó que sus clientes “respetaron lo dispuesto por la Justicia”, y que “en todas las etapas los tribunales consideraron que esta diligencia amparaba en forma más amplia a todas las partes”. Al ser consultado sobre el pedido de cotejar las muestras en el BNDG, Anzorreguy respondió que “no es el momento de opinar eso, porque lo único resuelto en el expediente, por la Cámara de Casación Penal, es que se haga el examen como estaba solicitado por los señores Noble Herrera”. En Abuelas no opinan lo mismo (ver aparte). Frente a Tribunales se hicieron presentes H.I.J.O.S. y el legislador porteño Juan Cabandié, quienes entregaron una carta dirigida a Felipe y Marcela, donde expresaban apoyo en “este duro momento”.
A mediados de 1976, durante los meses en que Herrera de Noble los adoptó, más de treinta mujeres dieron a luz en cautiverio. Ernestina Herrera de Noble es una de las imputadas de la causa “Barnes de Carlotto s/denuncia” y había sido procesada y encarcelada en 2002 por el ex juez federal de San Isidro Roberto Marquevich, luego de ordenar el análisis compulsivo de Marcela y Felipe en el BNDG. Pero cuando este magistrado fue destituido, Bergesio dispuso su falta de mérito. Los médicos Fabio Katz y Norma Ca-ddopi, además de Aldo Rico y Jorge Rafael Videla, son los demás imputados. El nuevo juez del caso suspendió el análisis en el BNDG para realizarlo en el Cuerpo Médico Forense, bajo las condiciones que pusieron los Noble: sólo con las dos familias querellantes, con la destrucción de las muestras después del análisis y la no decodificación de su perfil genético. De este modo estaban seguros de que daría negativo. La querella apeló esto y la Cámara de San Martín decidió en 2004 que el estudio se hiciera en el BNDG, pero sólo entrecruzando con las dos familias. En desacuerdo con esta última parte de la resolución, la querella volvió a apelar pero la Cámara les dijo que no tenían legitimación respecto del resto de los grupos familiares del Banco.
El caso pasó por la Cámara de Casación y llegó a la Corte Suprema, porque los Noble se resistían a que el estudio fuera hecho en el BNDG con o sin su consentimiento y la querella insistía en el cotejo general. Recién en junio de 2008, cuando la causa volvió al juzgado de Bergesio, Abuelas de Plaza de Mayo fue aceptada como querellante y pidió que la investigación, y los eventuales análisis de ADN incluyeran a los 22 grupos familiares que buscan niños nacidos en cautiverio o secuestrados con sus padres en la época en que Marcela y Felipe fueron adoptados por Herrera de Noble. Hace tres meses la Cámara de San Martín dijo que la causa debía abarcar los casos que reclamaba Abuelas y que el juez debía actuar conforme al criterio fijado en el caso Prieto, en el cual la Corte dispuso que cuando una persona presuntamente víctima de apropiación se niega a realizarse los análisis de ADN debe obtenerse material genético de objetos de uso personal. Bergesio nunca cumplió con esa indicación. El 22 de diciembre la Cámara le ordenó que “tome las muestras de ADN de las personas cuya identidad se cuestiona, en forma inmediata y sin más dilaciones, para someterlas a los cotejos necesarios”, e insistió en que siguiera los lineamientos del caso Prieto.
En tal sentido, las Abuelas vienen insistiendo en que las muestras de Felipe y Marcela Noble tienen que ser cotejadas con las existentes en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) del Hospital Durand, como indica incluso una ley recientemente sancionada. Esa norma, 26.548, dispone que cuando se investiga si una persona es hija de desaparecidos los análisis genéticos deben efectuarse exclusivamente en esa institución porque es la única que cuenta con las muestras genéticas de las familias de los desaparecidos. Esto es, mientras los Noble quieren liquidar el tema cruzando esa información sólo con las dos familias que reclamaban inicialmente, los García-Gualdero y Miranda-Lanuscou, Abuelas necesita cotejar con todas las familias que están buscando. “La única medida lógica para determinar si Felipe y Marcela son hijos de desaparecidos es cotejar con todos”, enfatizó Mariano Gaitán, abogado de Abuelas.
Al salir de Tribunales, Anzorreguy aseguró que el juez federal Conrado Bergesio “cumplió” y que lo ordenado ayer “fue ratificado por todas las instancias judiciales, incluida la Corte Suprema”. El letrado agregó que sus clientes “respetaron lo dispuesto por la Justicia”, y que “en todas las etapas los tribunales consideraron que esta diligencia amparaba en forma más amplia a todas las partes”. Al ser consultado sobre el pedido de cotejar las muestras en el BNDG, Anzorreguy respondió que “no es el momento de opinar eso, porque lo único resuelto en el expediente, por la Cámara de Casación Penal, es que se haga el examen como estaba solicitado por los señores Noble Herrera”. En Abuelas no opinan lo mismo (ver aparte). Frente a Tribunales se hicieron presentes H.I.J.O.S. y el legislador porteño Juan Cabandié, quienes entregaron una carta dirigida a Felipe y Marcela, donde expresaban apoyo en “este duro momento”.
A mediados de 1976, durante los meses en que Herrera de Noble los adoptó, más de treinta mujeres dieron a luz en cautiverio. Ernestina Herrera de Noble es una de las imputadas de la causa “Barnes de Carlotto s/denuncia” y había sido procesada y encarcelada en 2002 por el ex juez federal de San Isidro Roberto Marquevich, luego de ordenar el análisis compulsivo de Marcela y Felipe en el BNDG. Pero cuando este magistrado fue destituido, Bergesio dispuso su falta de mérito. Los médicos Fabio Katz y Norma Ca-ddopi, además de Aldo Rico y Jorge Rafael Videla, son los demás imputados. El nuevo juez del caso suspendió el análisis en el BNDG para realizarlo en el Cuerpo Médico Forense, bajo las condiciones que pusieron los Noble: sólo con las dos familias querellantes, con la destrucción de las muestras después del análisis y la no decodificación de su perfil genético. De este modo estaban seguros de que daría negativo. La querella apeló esto y la Cámara de San Martín decidió en 2004 que el estudio se hiciera en el BNDG, pero sólo entrecruzando con las dos familias. En desacuerdo con esta última parte de la resolución, la querella volvió a apelar pero la Cámara les dijo que no tenían legitimación respecto del resto de los grupos familiares del Banco.
El caso pasó por la Cámara de Casación y llegó a la Corte Suprema, porque los Noble se resistían a que el estudio fuera hecho en el BNDG con o sin su consentimiento y la querella insistía en el cotejo general. Recién en junio de 2008, cuando la causa volvió al juzgado de Bergesio, Abuelas de Plaza de Mayo fue aceptada como querellante y pidió que la investigación, y los eventuales análisis de ADN incluyeran a los 22 grupos familiares que buscan niños nacidos en cautiverio o secuestrados con sus padres en la época en que Marcela y Felipe fueron adoptados por Herrera de Noble. Hace tres meses la Cámara de San Martín dijo que la causa debía abarcar los casos que reclamaba Abuelas y que el juez debía actuar conforme al criterio fijado en el caso Prieto, en el cual la Corte dispuso que cuando una persona presuntamente víctima de apropiación se niega a realizarse los análisis de ADN debe obtenerse material genético de objetos de uso personal. Bergesio nunca cumplió con esa indicación. El 22 de diciembre la Cámara le ordenó que “tome las muestras de ADN de las personas cuya identidad se cuestiona, en forma inmediata y sin más dilaciones, para someterlas a los cotejos necesarios”, e insistió en que siguiera los lineamientos del caso Prieto.
FUENTE: PAGINA 12
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El fantasma de los niños robados resurge en Argentina
Investigan si los hijos de la dueña de Clarín son descendientes de parejas de desaparecidos durante la dictadura militar (MARCELA VALENTE BUENOS AIRES.)
Investigan si los hijos de la dueña de Clarín son descendientes de parejas de desaparecidos durante la dictadura militar (MARCELA VALENTE BUENOS AIRES.)
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Las sospechas sobre la adopción irregular de dos menores que serían hijos de desaparecidos durante la dictadura militar argentina (1976-83) vuelven a amenazar a la propietaria y directora del poderoso grupo periodístico Clarín, Ernestina Herrera de Noble, que ya estuvo detenida por este caso hace siete años. La mujer, viuda del fundador del periódico, asumió en 1976 la tutela de una niña y un niño, Marcela y Felipe. Esta semana, los dos jóvenes, que ahora tienen 33 años, se sometieron a una prueba de ADN para determinar si son hijos de dos familias de víctimas del régimen castrense que los reclaman ante el Cuerpo Médico Forense, dependiente del Poder Judicial.
La asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que busca a hijos de desaparecidos, protestó nada más saber que los jóvenes entregarían muestras de sangre voluntariamente porque en los supuestos casos de adopciones ilegales la Justicia debe ordenar obligatoriamente estas pruebas. Las muestras biológicas se cotejan con los restos de las víctimas en el Banco Nacional de Datos Genéticos.
El juez federal que supervisa el proceso, Conrado Bergesio, atendió las quejas de las Abuelas de Plaza de Mayo y ordenó acceder al domicilio de los jóvenes para obtener muestras de cabello y objetos personales. Poco después de la orden judicial, los abogados de la familia Noble advirtieron que pedirán la nulidad del procedimiento.
La dueña de Clarín, un conglomerado formado por más de 200 medios, no niega que Marcela y Felipe puedan ser hijos de desaparecidos pero sostiene, a través de sus asesores legales, que los adoptó de buena fe. Sin embargo, los trámites de guarda y adopción están plagados de irregularidades, según investigaron los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo.
Un centenar de identificados
La asociación, que ha logrado identificar a 100 hijos de desaparecidos, recuerda que existen 14 casos de jóvenes que no fueron robados, sino que las familias los adoptaron sin conocer su origen. Ante la primera sospecha de que pudieran ser descendientes de víctimas de la dictadura, estas parejas aceptaron los análisis genéticos. De acuerdo a Abuelas de Plaza de Mayo, la situación de los Noble no responde a estos parámetros porque desde hace 20 años frenan las pesquisas judiciales.
La investigación del caso comenzó en los años 80 cuando llegaron a la agrupación argentina los primeros anónimos que denunciaban que los Noble eran hijos de desaparecidos. Se cree que Marcela podría ser descendiente de Roberto Lanuscou y Bárbara Miranda, asesinados en 1976 junto a dos hijos de cinco y cuatro años. La menor, de seis meses, Matilde, nunca apareció y la familia cree que podría ser Marcela.
Enrique García y su esposa, María del Carmen Gualdero, fueron secuestrados por fuerzas de seguridad el mismo año cuando ella estaba embarazada, y su familia cree que el niño que alumbró en cautiverio puede ser Felipe. En caso de probarse que los jóvenes son hijos de desaparecidos, Noble podría ser procesada. En diciembre de 2002, ya fue detenida por orden del juez Roberto Marquevich. Días después quedó en libertad y el magistrado fue destituido.
Las sospechas sobre la adopción irregular de dos menores que serían hijos de desaparecidos durante la dictadura militar argentina (1976-83) vuelven a amenazar a la propietaria y directora del poderoso grupo periodístico Clarín, Ernestina Herrera de Noble, que ya estuvo detenida por este caso hace siete años. La mujer, viuda del fundador del periódico, asumió en 1976 la tutela de una niña y un niño, Marcela y Felipe. Esta semana, los dos jóvenes, que ahora tienen 33 años, se sometieron a una prueba de ADN para determinar si son hijos de dos familias de víctimas del régimen castrense que los reclaman ante el Cuerpo Médico Forense, dependiente del Poder Judicial.
La asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que busca a hijos de desaparecidos, protestó nada más saber que los jóvenes entregarían muestras de sangre voluntariamente porque en los supuestos casos de adopciones ilegales la Justicia debe ordenar obligatoriamente estas pruebas. Las muestras biológicas se cotejan con los restos de las víctimas en el Banco Nacional de Datos Genéticos.
El juez federal que supervisa el proceso, Conrado Bergesio, atendió las quejas de las Abuelas de Plaza de Mayo y ordenó acceder al domicilio de los jóvenes para obtener muestras de cabello y objetos personales. Poco después de la orden judicial, los abogados de la familia Noble advirtieron que pedirán la nulidad del procedimiento.
La dueña de Clarín, un conglomerado formado por más de 200 medios, no niega que Marcela y Felipe puedan ser hijos de desaparecidos pero sostiene, a través de sus asesores legales, que los adoptó de buena fe. Sin embargo, los trámites de guarda y adopción están plagados de irregularidades, según investigaron los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo.
Un centenar de identificados
La asociación, que ha logrado identificar a 100 hijos de desaparecidos, recuerda que existen 14 casos de jóvenes que no fueron robados, sino que las familias los adoptaron sin conocer su origen. Ante la primera sospecha de que pudieran ser descendientes de víctimas de la dictadura, estas parejas aceptaron los análisis genéticos. De acuerdo a Abuelas de Plaza de Mayo, la situación de los Noble no responde a estos parámetros porque desde hace 20 años frenan las pesquisas judiciales.
La investigación del caso comenzó en los años 80 cuando llegaron a la agrupación argentina los primeros anónimos que denunciaban que los Noble eran hijos de desaparecidos. Se cree que Marcela podría ser descendiente de Roberto Lanuscou y Bárbara Miranda, asesinados en 1976 junto a dos hijos de cinco y cuatro años. La menor, de seis meses, Matilde, nunca apareció y la familia cree que podría ser Marcela.
Enrique García y su esposa, María del Carmen Gualdero, fueron secuestrados por fuerzas de seguridad el mismo año cuando ella estaba embarazada, y su familia cree que el niño que alumbró en cautiverio puede ser Felipe. En caso de probarse que los jóvenes son hijos de desaparecidos, Noble podría ser procesada. En diciembre de 2002, ya fue detenida por orden del juez Roberto Marquevich. Días después quedó en libertad y el magistrado fue destituido.
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ADN: los hijos de Ernestina de Noble buscan la nulidad de las medidas del juez Bergesio
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Felipe y Marcela Noble Herrera presentará hoy un escrito ante el magistrado. El miércoles último, el juez federal de San Isidro realizó sorpresivamente dos procedimientos en sendos domicilios particulares de los hijos de la dueña de Clarín. Allí el magistrado secuestró material para hacer un segundo estudio de ADN.
Felipe y Marcela Noble Herrera presentará hoy un escrito ante el magistrado. El miércoles último, el juez federal de San Isidro realizó sorpresivamente dos procedimientos en sendos domicilios particulares de los hijos de la dueña de Clarín. Allí el magistrado secuestró material para hacer un segundo estudio de ADN.
En las primeras horas de hoy, Felipe y Marcela Noble Herrera, los hijos adoptivos de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, plantearán ante el juez federal Conrado Bergesio la nulidad de dos procedimientos en los cuales, por orden del magistrado, la policía incautó material genético de los jóvenes. El miércoles último, apenas un día después de que Marcela y Felipe, ambos de 33 años, se sometieran voluntariamente a un examen genético en el Cuerpo Médico Forense -en ejecución de un fallo firme de la Justicia que así lo ordenó-, el juez federal número 2 de San Isidro realizó sorpresivamente dos procedimientos en sendos domicilios particulares de Marcela y Felipe y secuestró material para hacer un segundo estudio, esta vez en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), cuya intervención solicitan las Abuelas de Plaza de Mayo, según publica La Nación. A diferencia del Cuerpo Médico Forense, el BNDG depende del Poder Ejecutivo y los jóvenes temen quedar expuestos a una persecución política, especialmente en un momento en que el Gobierno está librando una fuerte embestida contra el Grupo Clarín, que incluye acciones contra los medios audiovisuales, Papel Prensa y críticas reiteradas contra el multimedio. El abogado de la familia Noble, Jorge Anzorreguy, uno de los más experimentados penalistas argentinos, presentará hoy un escrito ante el magistrado, para pedir la nulidad de la orden del juez de realizar esos procedimientos, porque es autocontradictoria y carece totalmente de fundamentos.
FUENTE: MDZ ol
4 comentarios:
Me lo imagino a Rico tomando champagne en la playa. Le avisan sobre esta noticia y se le cae el champagne.
Ernestina, devolvé los chicos!!!
La impunidad que otorgan ciertos medios es vergonzosa, el gran diario argentino clarinete, el trece, TN y todas sus empresas.
Estos son los formadores de opiniones unos verdaderos chantas.
Daniel Rodríguez
Militante Peronista
Que hipocrita este gobierno, usa el tema de derechos humanos como un preservativo, porque realmente no le interesa nada.
mmm, sea o no un elemento de campaña, no dejemos de darle mérito a esta tarea, que, sin ignorar las demás restantes con mayor o menor importancia, debía ser hecha para alejarse ya un poco más de la maldita impunidad que ciertos personajes gozan. Los derechos deberían ser los mismos para todos, tener o no tener dinero para poder comprar justicia(en forma política, abogados, estudios y como no voluntades) no debería jamás interrumpir el proceso legal que el inmenso daño por los autores cometido dió a lugar. Justicia!! y en la tierra mientras estén vivos y posmortem tambien.
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