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Por Esteban Wood
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A través de las páginas de “1984”, George Orwell construye un relato de ficción en torno al totalitarismo de una sociedad controlada por el poder gubernamental, mediante una sistemática supervisión que lograba restringir toda libertad individual. En esa sociedad absolutista, la única garantía de supervivencia era adaptarse y adorar a la figura del Gran Hermano, un ente omnipresente que todo lo veía, todo lo escuchaba, todo lo controlaba.
Ahora imaginemos por un momento una ciudad absolutamente video-vigilada, en la que cualquier movimiento subjetivamente “sospechoso” pudiera ser advertido por quien ejerce el control del dispositivo de monitoreo central. Supongamos la existencia de un administrador municipal plenipotenciario, sin órganos de contralor de sus acciones, y un poder deliberativo absolutamente cooptado y alineado. Planteemos la hipótesis de que esa misma persona ostentara también un poder de policía propio, con pleno ejercicio del uso de armas y de la fuerza pública, y con posibilidad de detener a cualquier ciudadano. Imaginemos también a una sociedad en la que toda expresión política adversa al poder de turno fuese sistemáticamente censurada y tapada. En conclusión, pensemos en la hipotética existencia de un gobernante que pudiera reunir en sí mismo toda la suma del poder público.
La ordenanza que acaba de aprobarse en el Honorable Concejo Deliberante de San Miguel, la cual habilita al intendente massista Joaquín de la Torre a crear una fuerza para-policial de choque propia al margen de la Constitución Nacional, de la Constitución Provincial y de la Ley Orgánica de las Municipalidades, plantea un escenario muy similar al descripto anteriormente.
Con altiva soberbia, el intendente se arroga la dudosa facultad autónoma de crear una policía propia, que no emana directamente de ninguna otra normativa de mayor jerarquía. Con suprema ignorancia, el intendente cae en la trampa de no comprender la diferencia entre autonomía y autarquía, a sabiendas de que el municipio es un ente con atribuciones para administrarse a sí mismo, pero de acuerdo con una norma superior que siempre le será impuesta.
Con un Concejo Deliberante transformado hace tiempo en una mera oficina notarial del poder ejecutivo local, era indudable que el proyecto, que ingresó hoy sobre tablas sin ningún debate previo, sin transparencia y sin participación de la sociedad civil, iba a ser aprobado a libro cerrado durante su tratamiento parlamentario.
Esta grosera violación del Estado de Derecho en nuestro partido es motivo de profunda preocupación para quienes, desde hace tiempo, venimos advirtiendo acerca del debilitamiento de las instituciones y los cuerpos de representatividad en San Miguel. Por primera vez en 32 años de democracia, un municipio de la provincia de Buenos Aires será administrado bajo una suerte de “despotismo comunal ilustrado”, peligrosamente similar a las crónicas de Orwell.
Esteban Wood es magíster en Políticas Públicas y periodista.
1 comentario:
Estoy de acuerdo en todo, Esteban, pero no nos quedemos cortos. Imaginemos también un gobierno que imponga un lenguaje políticamente correcto de manera obligatoria, que dicte en las escuelas públicas y privadas un pensamiento único y anti natural, imponiéndose por sobre el derecho ancestral de los padres de educar a sus hijos. Un Estado que regule los contenidos de las religiones y criminalice la disidencia intelectual en temas básicos como la familia, matrimonio, religión. Todo eso y más ya está aquí, entre nosotros (Nuevo Código C y C). Un Estado que de facto legaliza la matanza de sus niños y de sus ancianos (Fallos de la CSJN), disfrazándola de libertades y derechos. Un mundo en el que ya no se puede hablar, porque las palabras fueron vaciadas de contenido, suprimidas y reemplazadas por un nuevo léxico que ya no designa la realidad, sino que pretende construirla, que persigue al que pretenda seguir llamando a las cosas por sus nombre.
"1984" es ahora, y no por causa del gobierno municipal.
Nicolás.
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